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Versión actualizada: Sabado 11 de enero de 2020

Desde el 28 de diciembre se llevan sintiendo temblores en el archipiélago de Puerto Rico. El 6, 7 y 11 de enero de 2020 en Puerto Rico los temblores alcanzaron una magnitud que llevó a la destrucción de estructuras, deslices de tierra, y la pérdida de energía eléctrica para todo Puerto Rico. Escribimos estas declaraciones desde la oscuridad en la que nos han dejado nuestros gobernantes tras décadas de negligencia gubernamental y la insistencia en la generación de energía con combustibles fósiles. Bajo esta misma oscuridad es que nuestros gobernantes otorgan contratos multi-millonarios para la privatización de nuestros recursos naturales, agencias gubernamentales, y servicios esenciales.

Puerto Rico lleva en crisis económica por más de una década. La respuesta gubernamental a esta crisis y los desastres climáticos que nos vienen afectando por los pasados tres años ha sido la misma fórmula fallida del modelo neoliberal de desarrollo económico.

¿Qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico durante este periodo extenso de crisis económica?

Este ha sido el panorama en los últimos años:

Cerraron más de 247 escuelas, muchas de ellas eran refugios. Muchas escuelas cerradas quedaron abandonadas a pesar de servir como centros de acopio y refugios en tiempos de desastres. El gobierno ha entorpecido el reclamo de las comunidades que han querido retomar estas escuelas, como es el caso de la comunidad Las Carolinas en Caguas, PR.

95% de las escuelas que quedan abiertas no cumplen con los códigos de construcción. Estos son los supuestos “refugios” que el gobierno pretende ofrecerle a la ciudadanía en caso de emergencia. Una de estas escuelas colapsó tras el sismo del 7 de enero. De haber ocurrido durante horario escolar, la negligencia gubernamental nos hubiese cobrado la vida de un sinnúmero de niños.

Ignoraron la decadencia del sistema energético. Por décadas, nuestros gobernantes despilfarraron dinero en megaproyectos que enriquecieron a sus allegados mientras ignoraban la decadencia del sistema energético. Una vez entramos en crisis económica, optaron por reducir el gasto en servicios esenciales y despedir empleados públicos para pagar a una deuda gubernamental creada ilegalmente. La solución del gobierno ante la crisis ha sido privatizar la generación de energía. Sin embargo, la llegada de entes privados a la industria energética solo ha servido para contaminar nuestros acuíferos con depósitos de cenizas tóxicas y continuar la dependencia de combustibles fósiles.

Despidieron trabajadores. Redujeron a mitad la fuerza laboral de trabajadores en la industria energética, dejándonos desprovistos de celadores que pudiesen salir a restaurar la energía durante desastres. Esta política pública de austeridad nos costó un sinnúmero de vidas tras el paso del huracán María, ya que muchas de las muertes se deben a la falta de energía eléctrica.

Continuaron la dependencia de combustibles fósiles. A pesar del estado vulnerable en el que se encuentran las plantas generadoras de energía en Puerto Rico, los gobiernos de EEUU y PR siguen gastando nuestros recursos económicos escasos en un sistema energético anticuado en vez de invertir en una transición justa a la generación de energía con fuentes renovables.

Cortaron el presupuesto de unidades críticas para el manejo de emergencia. La Junta de Control Fiscal impuesta por el gobierno federal ha trabajado de la mano con el gobierno local y federal para reducir el presupuesto de unidades críticas para el manejo de emergencia, tales como la red sísmica y el instituto de ciencias forenses, provocando mayor inseguridad y desconocimiento ante una situación catastrófica.

Ignoran la crisis de violencia de género. Los gobernantes ignoran la crisis actual de violencia de género y su alta incidencia durante tiempos de desastres.

Obstruyen la solidaridad. Los gobernantes obstruyen nuestros intentos de desarrollar lazos solidarios con nuestros hermanos caribeños y exigen aplicar una lógica de mercado a la provisión de servicios y el alivio de desastres.

¿No fue suficiente el huracán María para comprender que solo nos tenemos a nosotros mismos?

Repudiamos la negligencia y las medidas de austeridad que imponen el Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, y el gobierno de los EEUU. Apostamos a la solidaridad de los pueblos y a una Transición Justa.

Trabajemos por una recuperación del desastre, que sea justa, equitativa y basada en la comunidad, para Puerto Rico.

Tenemos las prácticas y lecciones experimentales aprendidas por haber aplicado un modelo de Recuperación Justa después del Huracán María. Los miembros de CJA en el territorio, la diáspora y toda la gente hermosa de las primeras lineas estan peleando juntos para proveer a Puerto Rico las herramientas resilientes para que su pueblo no sea reconstruido en la contaminación, la deuda, dependencia e infraestructura desmoronada, más bien, que se mueva hacia la justicia ambiental, la energía democrática y popular, la autodeterminación y la resiliencia climática.

 

Earthquakes and Austerity in Puerto Rico

Updated: Saturday, January 11, 2020

Puerto Rico has been experiencing intense seismic activity since December 28th, 2019. On the 6th, 7th and 11th of January, the seismic activity reached a magnitude that destroyed structures, provoked landslides, and led to a power outage throughout the entire Puerto Rican archipelago. We write this statement under the darkness that our ruling class left us in after decades of government negligence and an insistence on generating energy with fossil fuels. It is under this darkness that the ruling class issues multi-million dollar contracts to privatize our natural resources, government agencies, and essential services.

Puerto Rico has been subsumed in an economic crisis for more than a decade, and a series of climate disasters over the past three years. The government response to this crisis and disasters has been to deploy a tired and failed neoliberal logic and economic model.

What have the Puerto Rican and US governments done during these periods of crisis?

This has been the panorama:

Closed more than 247 schools, many of which served as emergency shelters. Many of these schools were abandoned despite their role as collecting centers for relief supplies, mutual assistance centers, and shelters in times of disaster. The Puerto Rican government obstructed community efforts to retake these schools, as was the case in the Las Carolinas community in Caguas.

95% of the schools that remained open do not comply with building code. These are the supposed shelters that government intends to offer the people in case of emergency. These are the structures in which children are supposed to take classes in the midst of heightened seismic activity that could last for a whole year. One of these schools collapsed during the January 7th earthquake. Had this happened during regular school hours, government negligence would have taken the lives of children.

Ignored the energy grid’s decay. For decades, the ruling class squandered public funds in megaprojects like stadiums and convention centers that lined the pockets of their cronies while they ignored the decay of the energy infrastructure. Once Puerto Rico became subsumed by its economic crisis, the ruling class has opted to pay an illegally issued public debt by reducing spending on essential services and dismissing government workers. Government’s solution to our crises has been to privatize energy generation. Yet, the arrival of private firms in the energy industry has only contributed to the contamination of our fresh water supply through their environmentally hazardous toxic ash waste disposal practices and to perpetuate our dependence on fossil fuels.

Dismissal of government workers. They reduced the power authority workforce by half, leaving us devoid of line workers who could provide rapid response in the aftermath of natural disasters. This policy of austerity led to the loss of countless lives in the aftermath of hurricane María, given that a large share of these deaths were due to the lack of electricity.

Continued relying on fossil fuels. Despite the vulnerable state of fossil fuel energy generation plants in Puerto Rico, US and PR governments continued to put our scarce economic resources towards propping up this decayed energy infrastructure instead of investing in a just transition away from fossil fuels.

Budget cuts for critical infrastructure and agencies. The federally-imposed Fiscal Control Board has worked hand in hand with local and federal governments to reduce the budget of agencies and organizations that are critical for emergency management. This includes reducing funding for the Red Sísmica (seismic monitoring network) and the Institute of Forensic Sciences, thereby creating more insecurity and a lack of knowledge in the face of catastrophe.

Ignored the crisis of gender-based violence. The ruling class has ignored the ongoing crisis of gender-based violence and its rising incidence during times of disasters. Budget cuts have made it impossible to perform basic functions needed to address this crisis, such as processing rape kits.

Obstruct solidarity. The ruling class has obstructed our efforts to develop solidarity with our Caribbean brothers and sisters and mandated the adoption of a market-based logic for the provision of essential services and disaster relief.

Was Hurricane María not enough to understand that we only have ourselves?

We denounce the negligence and austerity measures that the Fiscal Control Board, the Puerto Rican government, and the US government impose on us. We join a call for solidarity between our peoples and for a Just Transition.

Let’s work towards a just, equitable, and community-based disaster recovery for Puerto Rico.

We have the practices and experiential lessons learned from applying a model of Just Recovery following Hurricane María. CJA members on the ground in Puerto Rico, the diaspora, and all the beautiful people on the frontlines are fighting together to provide Puerto Rico with resilient tools so its people don’t rebuild on pollution, debt, dependence, and crumbling infrastructure, but rather, bounce forward to environmental justice, energy democracy, self-determination, and climate resilience.

Special thanks to Marissa Reyes and Fernando Tormos for their contributions in writing this statement in collaboration with Organización Boricuá, UPROSE, and Climate Justice Alliance.

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